El sistema impositivo argentino necesita un cambio profundo. El actual es un entramado de tributos que conviven de forma desorganizada, y que combina una gran presión, productos caros, poca competitividad en quienes producen y un gran nivel de informalidad. El gobierno puso el tema en agenda a partir de su éxito en las últimas elecciones legislativas y promete ponerlo en el centro de debate antes de fin de año. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Newsletter, hoy vamos a intentar explicar el contexto actual y las futuras modificaciones que se van a impulsar. ¿Habrá algún cambio significativo o será uno de los tantos parches más?

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Un sistema complejo que ahoga tanto a empresas como a ciudadanos

Según el IARAF, que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, a lo largo de todo el territorio se recaudan 155 tributos de distintos niveles (45 nacionales, 25 provinciales y 85 municipales) pero solo 12 concentran el 94% de la recaudación (los principales son IVA, Ganancias, las Contribuciones a la seguridad social, Ingresos Brutos – provinciales - y las tasas de seguridad e higiene que son municipales). Los otros 143 aportan apenas el 6%, generando un sistema costoso, burocrático e ineficiente que genera multiplicidad de distorsiones y es inequitativo porque hace que personas con la misma capacidad contributiva no paguen lo mismo.

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En promedio, una persona enfrenta entre 21 y 46 tributos al año, según su nivel de vida y patrimonio. En cada compra o consumo hay impuestos o tasas escondidas que elevan los costos y reducen la competitividad de quienes ofrecen productos y servicios. La presión en Argentina está cerca del 28% del PBI, pero si se considera solo a los que efectivamente pagan, sube al 45%. Además, hay dos problemas adicionales, se recaudan por adelantado a través de regímenes de retención y percepción, y los niveles de evasión son significativos. 

 

Cómo funciona el sistema

De los impuestos nacionales y provinciales, Nación recauda el 83% y las provincias el 17% restante. Del total del gasto público nacional y provincial, la Nación ejecuta el 52% y las provincias el otro 48%. O sea que, en la ejecución del gasto público (los servicios del Estado), los ciudadanos dependemos mitad de la Nación, mitad de la provincia en la que vivimos.

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La mayor parte de los impuestos los cobra ARCA (la ex AFIP) que los envía a cada provincia, en función de su parámetro (fijo) que establece la Ley de Coparticipación Federal. En la práctica lo que ocurre es que casi todas dependen de lo que generan (especialmente de Ingresos Brutos) y de lo que les manda Nación. Y ahora el gobierno actual, que está en contra del gasto, plantea patear el tablero y cambiar las condiciones. 

 

Qué propone el proyecto de Modernización Impositiva

El borrador que tiene el Gobierno y va a presentar al Congreso después del 10 de diciembre es ambicioso porque promete la eliminación de impuestos distorsivos: retenciones, impuesto al cheque, Ingresos Brutos y tasas municipales, que producen la simplificación del sistema: menos tributos, menos trámites y reglas más claras. Para lograrlo tendrá que librar una batalla que ya se intentó antes: un Pacto Fiscal con las provincias, con el objetivo de bajar gradualmente las alícuotas que recaudan cada jurisdicción del país.

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El camino indica que apuntará a dos ideas para solucionar el problema: la revisión del Impuesto a las Ganancias y la creación de un “súper IVA”  que incluya Ingresos Brutos y tasas municipales. La propuesta es que Nación recaude y se quede con una parte para cubrir sus gastos y que reparta el resto. Luego, que cada provincia pueda fijar su propia alícuota, aunque respetando el tope que se define (por ahora del 21%).

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La idea es generar competencia impositiva entre las provincias, a partir de que más empresas se radiquen en las jurisdicciones donde se abone una alícuota más baja. Esto sería posible en la medida que se elimine el impuesto a los Ingresos Brutos, un tributo que representa en lo que va de 2025, el 78% de la recaudación de las provincias.

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Una cuestión no menor es que las provincias no son todas iguales. Hoy al menos 8 jurisdicciones (CABA, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe) que por la magnitud de su actividad económica podrían autofinanciarse usando como principal fuente de financiamiento el Súper IVA. Pero para las 16 provincias restantes podrían haber dificultades debido a que -por su menor nivel de desarrollo- deben aplicar alícuotas muy altas. Habría que prever para ellas un fondo transitorio de nivelación para financiarles la diferencia hasta que adopten estrategias de desarrollo territorial para aumentar su competitividad.

¿Cuáles son los desafíos?

Coordinar la recaudación y poner de acuerdo los niveles del estado y que todos estén en sintonía, no es tarea fácil. Es una cuestión tanto económica como política. En otras oportunidades se intentaron hacer acuerdos, el último Consenso Fiscal 2017 que terminó fracasando. Los gobernadores necesitan plata, el gobierno, que no aumente el gasto público y que disminuyan los Ingresos Brutos y Sellos. Así está planteando el panorama.

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Por último, estoy convencido de que los impuestos se viven como una carga cuando los ciudadanos no perciben lo que se recibe a cambio. Cuando el contribuyente ve resultados —una plaza limpia, una escuela en funcionamiento, una calle reparada— mejora su predisposición a pagar. No se trata de un robo como se quiere instalar, es sólo una cuestión de transparencia y de servicios visibles, para generar una cultura tributaria posible. 

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Me despido con esta idea con la que arranqué en la editorial: Argentina necesita un reordenamiento de los impuestos, un sistema más claro, más simple y más justo. La reforma buscará equilibrar cuentas, premiar la producción y reconstruir la confianza entre Estado y contribuyentes. Hay una cuestión mucho más profunda que es cómo fomentar la inversión y el empleo formal. Pero por algún lugar hay que empezar.

 

Gracias por leer. Nos vemos la próxima.