Cada vez que hablamos de impuestos en Argentina, en la conversación suele aparecer una frase que parece resumirlo todo: “Hay que bajar los impuestos”. Y, aunque la presión tributaria es una preocupación concreta para todos nosotros (incluidas empresas, comerciantes, profesionales y trabajadores) necesitamos agregar elementos para profundizar y complejizar la discusión. Por eso traigo hoy el tema, pase y póngase cómodo amiga o amigo lector, que hoy vamos a hablar de impuestos y como ir hacia un esquema justo. 

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Arranquemos con los datos objetivos. En Argentina existen alrededor de 150 tributos entre impuestos, tasas y contribuciones de los niveles nacional, provincial y municipal. No lo digo yo, sino el IARAF que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Son muchos, estamos todos de acuerdo en eso, sin embargo, la recaudación está fuertemente concentrada: apenas seis tributos explican aproximadamente el 85% de los recursos tributarios consolidados del país.

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Me permito una primera reflexión: no solamente importa cuántos impuestos pagamos, sino también cuáles pagamos, cómo se aplican y sobre quién termina recayendo la carga.

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En 2024, la presión tributaria argentina - que es el porcentaje de la riqueza total del país medida a través del Producto Bruto Interno (PBI)— que los ciudadanos y las empresas destinan al pago de impuestos, tasas y contribuciones - se ubicó en el 27,6% del PBI. Es decir, de cada $100 que produce la economía, $27,60 se recaudan a través de los distintos niveles del Estado. La cifra supera el promedio de América Latina y el Caribe, cercano al 21,7%, aunque se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE, que ronda el 34,1%. 

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¿Esto significa que Argentina cobra pocos impuestos en comparación con los países desarrollados? No sería el caso. La comparación de la presión tributaria no alcanza, por sí sola, para explicar el problema. Hay que considerar además los servicios que recibe la sociedad, cómo se utilizan los recursos públicos y qué capacidad tiene cada sector para soportar esa carga.

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A esto se suma una particularidad de nuestro sistema: el peso de los impuestos sobre el consumo, la facturación y las transacciones. El IVA, Ingresos Brutos y el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios forman parte de la estructura cotidiana de una empresa. Algunos de estos tributos, además, generan efectos acumulativos que terminan encareciendo los bienes y servicios a lo largo de la cadena productiva y comercial.

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Pero hay otro factor que no podemos dejar afuera: la informalidad.

Cuando una parte de la economía no factura o no cumple con sus obligaciones, la carga efectiva se concentra sobre quienes sí lo hacen. Pensemos en dos comercios que venden exactamente los mismos productos. Uno registra todas sus operaciones, paga sus impuestos y tiene a sus empleados en regla. El otro trabaja parcialmente en la informalidad. Aunque compitan por los mismos clientes, sus costos son muy diferentes. Y es algo a tener muy en cuenta en este momento donde el contexto obliga a revisar la rentabilidad. 

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En ese escenario, cumplir con las reglas puede convertirse en una desventaja competitiva. Y ese es uno de los problemas más importantes que debe resolver cualquier reforma tributaria. Los pagos a través de billeteras están llevando a formalizar la actividad, pero aún existen rubros informales. 

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La simplificación también merece un lugar en esta discusión. El Monotributo es un buen ejemplo de cómo un régimen puede facilitar la formalización, al reunir en un único pago componentes impositivos y previsionales. Sin embargo, a medida que una actividad crece, aparecen preguntas sobre los límites del régimen y la equidad frente a otros contribuyentes con capacidades económicas similares. Existen ejemplos en el que dos contribuyentes con situaciones parecidas que se ubican en dos regímenes distintos no pagan lo mismo. 

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Por último, existe un problema de confianza. Las sucesivas moratorias y los blanqueos, que han formado parte de nuestra historia económica durante décadas, plantean un interrogante difícil de ignorar: ¿qué incentivo tiene quien cumple regularmente si percibe que quien incumple puede esperar una nueva oportunidad para regularizar su situación?

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Un sistema tributario necesita recaudar, pero también necesita credibilidad. Las reglas deben ser claras, previsibles y razonablemente estables para que cumplir sea una conducta que valga la pena sostener.

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Entonces, ¿cómo se pagan menos impuestos sin desfinanciar al Estado? La respuesta no pasa simplemente por reducir tributos de manera indiscriminada. Requiere revisar qué impuestos generan mayores distorsiones, simplificar procedimientos, combatir la evasión, mejorar la eficiencia del gasto público y distribuir la carga de una manera más equitativa.

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Para las PyMEs, esta discusión no es teórica. La estructura tributaria influye directamente en los precios, los márgenes de rentabilidad, las decisiones de inversión, la contratación de personal y las posibilidades de crecimiento. Por eso, conocer las obligaciones fiscales y planificar su impacto forma parte de una buena gestión empresarial.

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El desafío no es solamente recaudar menos o recaudar más. Es construir un sistema tributario más simple, previsible, competitivo y justo, en el que la formalidad sea el camino natural para crecer y cumplir no represente una desventaja.

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Porque una economía necesita empresas que inviertan, trabajadores que progresen y un Estado que pueda cumplir sus funciones. Encontrar el equilibrio entre esos objetivos es, precisamente, la discusión que Argentina todavía tiene pendiente.

 

Gracias por leer. ¡Nos vemos en la próxima!