El escenario laboral en Argentina ha dado un giro inesperado. Tras la reciente medida cautelar dictada el 30 de marzo de 2026 en la causa "CGT c/ Estado Nacional", gran parte de la Ley 27.802 de Modernización Laboral ha quedado en suspenso.

Para las empresas y trabajadores, esto no significa que la ley haya desaparecido, sino que nos encontramos ante un esquema normativo híbrido. Operar bajo las reglas de una ley suspendida puede generar contingencias económicas severas y litigios evitables.

 

¿Cómo se liquidan los despidos y contratos hoy?

Hasta que la Justicia dicte una sentencia definitiva, el régimen que rige las relaciones laborales es el anterior a la reforma; es decir, la normativa vigente hasta el 5 de marzo de 2026.

Esto impacta directamente en decisiones cotidianas:

• Período de prueba: Se restaura la obligación de preavisar o indemnizar si se rescinde el contrato en esta etapa (protección que la reforma había eliminado).

• Indemnizaciones: El cálculo debe ajustarse a las pautas previas para evitar reclamos por diferencias salariales.

• Actualización de créditos: El Artículo 55 es la excepción; este sigue operativo y establece que los juicios se actualicen por tasa pasiva del BCRA con tope de IPC + 3% anual.

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Guía rápida: ¿Qué puntos clave están frenados por la Justicia?

La suspensión alcanza temas sensibles que habían sido modificados por la Ley 27.802:

1. Irrenunciabilidad de derechos: Se mantiene la imposibilidad de que el trabajador resigne beneficios básicos.

2. Tercerización y Grupos Económicos: Se suspende la limitación de responsabilidad solidaria.

3. Jornada y Vacaciones: Quedan sin efecto (por ahora) el "banco de horas" por acuerdo individual y la eliminación del período obligatorio de goce de vacaciones.

4. Derecho Sindical: Se frenaron las restricciones a las asambleas y los cambios en el régimen de ultraactividad de los convenios.